Afirman que Quintela busca a través de Boudou recomponer la relación con Cristina

La edición papel del diario La Nación titula este miércoles “Quintela. El gobernador que consulta a Boudou y defendió a presos por agredir a mujeres”.

En ese sentido, el medio gráfico destaca: “El mandatario fue protagonista de diferentes polémicas; la provincia debió aclarar ayer que no contrató al exvicepresidente” en una nota firmada por la periodista Gabriela Origlia.

La nota completa

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reveló en una entrevista radial que mantenía consultas para asesoramiento con el exvicepresidente condenado por corrupción Amado Boudou. Sus declaraciones y el anuncio de que estatizaría la deuda privada de los estatales provinciales para ayudarlos en esta crisis terminaron generando un ida y vuelta de aclaraciones y comunicados. La provincia debió aclarar que Boudou no es asesor formal, que las conversaciones son privadas y que el programa que adelantó el gobernador está “en estudio”.

Quintela reveló que mantuvo un contacto por teleconferencia con Boudou –al que se refirió como “compañero Amado”– de la que también participó en forma “pasiva” el conductor del programa radial, Quito Aragón. Ambos reconstruyeron que habían estado “conversando de posibles soluciones para diferentes problemas”; fue en ese momento cuando Quintela indicó que era para una cuestión “en particular” que afecta a los empleados públicos de La Rioja: tener los salarios “prácticamente comprometidos” porque están en “financieras encubiertas”, en referencia a cadenas comerciales que financian los consumos de sus productos.

Luego, el gobernador explicó que la idea era que las deudas tomadas por los empleados por sus consumos se transformaran en pasivos del Banco de La Rioja. “La cuota la van a pagar al banco con un interés del 10% anual”, precisó.

“Fijate lo que le consultábamos a Boudou –siguió el gobernador–. Boudou me dice: ‘Vas a ir a la vanguardia y vas a producir algo que nunca se hizo’. Le digo: ‘Lo podemos hacer, lo vamos a hacer sin perder plata’”. “Eso es lo que estábamos consultando con el compañero Boudou, yo tengo un aprecio especial por él, él nos ha ayudado muchísimo cuando él estaba en la Anses y yo era diputado nacional. Le tengo agradecimiento y me emocionó verlo y verlo bien, siempre con esa sonrisa y una actitud positiva”, ahondó.

Horas después empezaron las aclaraciones del gobierno provincial, y después, del jefe de gabinete Juan Luna Cardozo en una entrevista con América TV. En ese reportaje, el funcionario buscó bajarle el tono a la estatización de la deuda. Desde la administración riojana indicaron a la nacion que “no desmintió al gobernador; aclaró que se analiza”. Boudou no puede ser asesor formal porque la condena a 5 años y 10 meses de prisión por haber intentado quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone lo inhabilita de por vida para el ejercicio de cargos públicos.

Más allá de que Quintela asegura que no reniega de los “perseguidos políticos”, en el escenario político provincial hay quienes leen la reivindicación del exvicepresidente como un intento de recomponer relaciones con el ala dura del kirchnerismo, Máximo Kirchner y la propia Cristina Kirchner. El quiebre se produjo en 2008, cuando la senadora Teresita Quintela –hermana del actual gobernador– prometió apoyar la resolución 125, que subía las retenciones al campo, y terminó dándose vuelta y rechazándola.

Quintela fue 12 años intendente de la ciudad de La Rioja, entre 2003 y 2015. En una visita de Alberto Fernández como jefe de Gabinete, encabezó una protesta con empleados municipales en reclamo de fondos.

Las últimas semanas fueron complicadas en materia de declaraciones para Quintela; a inicios de abril, al referirse a las actividades comerciales frenadas por la cuarentena, dijo: “Acá tenemos cerrados cabarets. Perdón. Tenemos cerradas fiestas”. Semanas después, en medio del debate por las excarcelaciones por el coronavirus, justificó el traslado a sus domicilios de los condenados por violencia de género. “No son ciudadanos peligrosos para la sociedad, tuvieron un conflicto conyugal o matrimonial y están privados de la libertad por violencia de género, no por los delitos que normalmente solemos encuadrar como peligrosos para la sociedad civil”, afirmó.

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