El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley 10.269, sancionada por la Cámara de Diputados el 18 de junio, para la ejecución y reactivación de las obras de saneamiento financiadas por el gobierno nacional “dado el alto impacto que generan en el mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad”, según la argumentación de la Casa Rosada.
Mediante un acta acuerdo, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se comprometió a gestionar la obtención de $1.608.726.251,07 los que serán destinados a financiar la ejecución de las obras propuestas por la provincia.
Las iniciativas estarán bajo la órbita del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).
La promulgación de la ley
