Los salarios estatales con rango constitucional

Hace más de un año, el ex gobernador Sergio Casas anunció el último incremento salarial para los empleados estatales, el sustento de la economía riojana dispuesta por el justicialismo.

En julio del 2019, Casas trató de acomodar el sueldo público con el proceso inflacionario del sector económico más importante de la provincia, ya que la actividad privada es baja en La Rioja.

Sin embargo, el gobernador Ricardo Quintela patea desde hace siete meses la discusión salarial en la provincia, ya que asegura que no hay recursos en el Estado, mientras el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, lo contradice al sostener que un aumento de sueldos está en estudio en la Casa de Gobierno.

El Gobierno se cierra en que la administración pública no está cumpliendo funciones por la pandemia, eso lo dice puertas adentro, y que el presidente Alberto Fernández todavía no estableció como prioridad una mejora salarial estatal, lo dice en el patio de la Residencia.

En ese juego de palabras y de gestos políticos, la actual administración le ganó ampliamente a la inflación con los ingresos por coparticipación federal, al tiempo que tiene media sanción la ley que lleva los recursos extracoparticipables de $4.000 millones a $7.100 millones para la provincia.

De esa forma, habrá un incremento de casi el doble al aporte extra que hace el Estado nacional hacia La Rioja en plena pandemia, sin olvidar que también se creó el fondo nacional millonario por el COVID.

En otras palabras, Quintela hoy es el gobernador que más fondos que maneja en la historia contemporánea, ya que al tener parada la administración pública tiene un gasto estable.

Por ello, el Gobierno se atreve con quedarse con la empresa de colectivos o pensar en un Tecnópolis en el Regimiento de Infantería 15, aunque le bajó el tono a la compra de la deuda privada de los empleados estatales.

Dentro del propio gobierno no se entiende la posición de no otorgar un aumento salarial, pero el ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, dejó abierta una discusión política cuando él encabeza una avanzada sobre las 3.000 hectáreas.

Puy Soria caló hondo el corazón peronista al pedir públicamente que “el sueldo del sector público y su movilidad deben tener rango constitucional en La Rioja, y estar contemplados en una reforma constitucional provincial”.

El ministro salió al cruce del del senador del PRO, Esteban Bullrich, quien reflotó un proyecto que presentó en el inicio de la cuarentena, para reducir el salario de los empleados del sector público hasta 20% con el objetivo de generar un Fondo de Asistencia para la emergencia sanitaria.

El proyecto de Bullrich establece las siguientes reducciones de sueldo por seis meses:

20%, cuando esta sea igual o superior a $200.000.

15% cuando sea menor a $200.000 pero superior a 150.000.

10% cuando sea igual o menor a $150.000 pero mayor a $100.000.

 5%, cuando sea menor a $100.000 pero mayor a $70.000.

Según Puy Soria, “no sorprende la propuesta del Pro y la UCR, ya que es coherente con su ideal de progreso para unos pocos”.

El funcionario, que lidera una patriada por una supuesta asociación ilícita en la venta de tierras del Estado, explicó que “con esta meta constitucional (en relación al salario público y su movilidad), el Estado estará actuando positivamente, poniendo a resguardo los haberes del sector público frente al mal endémico de la inflación, lo que significará mejorar notablemente la calidad de vida de nuestros empleados provinciales”.

El ministro sostuvo que “esta aspiración se fundamenta en el valor supremo de la #JusticiaSocial, y en particular viene a concretizar el “principio de progresividad” en materia de derechos humanos” y dijo que “la verdadera democracia es aquella donde el gobierno defiende un solo interés: el del pueblo”.

Así la idea primaria de Puy Soria es que los sueldos estatales estén garantizados dentro de la Constitución provincial, como así también un incremento salarial.

Hay que recordar que los ingresos de los trabajadores públicos riojanos son uno de los más bajos del país que no superan los $24 mil y están bajo la línea de pobreza, mientras que otros caminan por la cornisa de la indigencia.

Por este motivo, nadie quiere jubilarse y el gobierno pretende mantener la Quincenita a los que pasen al sector pasivo para no perder el magro ingreso.

¿Por qué Puy Soria habla de los salarios garantizados en la Constitución? Se debe que el Gobierno pretende reformar la Constitución para incluir aspectos de su interés, muchos de los cuales están lejos del pensamiento social.

Uno de ellos es el cupo femenino, que es importante, pero en otro tiempo porque hoy no hay dinero que alcance.

El Gobierno quiere poner énfasis en la reforma Judicial y Política, que hoy no están en la mente de la sociedad y por lo cual se debe buscar algo que llame la atención, como los sueldos estatales.

Toda reforma constitucional debe ser votada por la ciudadanía y hoy a la vista de todos, puede ser el primer duro golpe electoral que sufra el peronismo gobernante.

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