El COVID-19 precarizado

Ayer un grupo de trabajadores del 911 salieron a reclamar por sus magros salarios: $10 mil mensuales. O sea, unos $300 pesos diarios para vivir en épocas que aumenta todo, hasta los combustibles.

Los precarizados del 911 reflejan una vieja realidad en el mundo de los empleados estatales riojanos, ya que la ilusión de quedar en planta, a través de un impulso político, se desvanece con el paso del tiempo o con la triste realidad económica.

Desde la creación de los planes Procala a la fecha solo fueron políticas laborales de precarización, ya que la dependencia del poder de turno lleva a tener un voto cautivo que sirvió en las últimas elecciones.

Hoy el Estado provincial tiene cientos de personas en negro y en todos los ámbitos, pero en la actualidad se ve esa situación, ya que son aquellos que trabajan en la primera línea de fuego para contrarrestar la pandemia en La Rioja.

El sistema de salud es un fiel reflejo con empleados en negro y en los hospitales del interior han seguido con sus reclamos de mejoras salariales y de pase a planta permanente del Estado en los últimos meses.

Lo mismo sucede con la brigada de las Camperas Rojas, jóvenes que están en las calles bajo un sistema laboral peligroso y seguramente sin seguros de vida, sin ART, sin obra social, sin nada, solo con la ilusión que algún día sean sumados como trabajadores de planta.

Según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de La Rioja destinó $1.700 millones mensuales para hacer frente al gasto de personal entre enero y junio en plena administración quintelista.

Esa cifra lleva a más de $10.000 millones en los primeros seis meses de gestión cuando La Rioja recibe un promedio de $3.000 millones por mes de coparticipación federal mensual.

Desde julio del año pasado hasta la fecha no hubo anuncio de incremento salarial y según el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, no lo habrá por el momento. Así desmintió al secretario general de la Gobernación, Armando Molina, que había dicho que sería el pasado 17.

El promedio salarial estatal se centra en $24 mil mensuales que están lejos de $43 mil por mes para que una familia no sea pobre. Hay sueldos de precarizados de $5 mil que están por debajo de la línea de indigencia.

Esos números fríos anticipan lo que será la post pandemia con cientos de familias pobres en La Rioja. Es decir, más de las que había antes que comenzará a circular el COVID-19.

Cada empleado precarizado o en negro tiene distintos problemas, como de su jubilación. Al no tener aportes no puede pensar en un futuro, ni hablar que en casi todos los casos no cuentan con una obra social que no los deposite en un hospital público. Eso son aspectos que hay que tener en cuenta y que lo ponen en alto en años complicados, como éste por la pandemia.

El gobierno asegura que paga 60 mil salarios mensuales y no da precisiones de cuántos son los que están en el escalón de precarizados que se ven no solo en el ámbito de la salud sino también en las escuelas, en los municipios, y en todos los organismos del Estado que los ha llevado a vivir del sueño de ser como sus compañeros, de planta.

El reclamo de los precarizados del 911 y la repudiable decisión de la ministra de Justicia, Gabriela Asis, de despedirlos en estos tiempos de crisis como para dejar un mensaje con el fin que no haya más manifestaciones en ese sentido. Sin embargo, son una fotografía de lo que pasa desde años en cada una de las reparticiones del Estado, pero por estos días son quienes ponen en juego su vida frente a un virus que mata.

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