Los empleados estatales condenados a la pobreza

La pandemia dejó al descubierto todo, hasta las promesas incumplidas. Muchas palabras y pocas realidades para una provincia que no se desarrolló más allá de la puerta de la Casa de Gobierno y hoy pagamos las consecuencias.

Tenemos trabajadores de la salud que siguen precarizados dando batalla contra el COVID-19, como así también docentes que han transformado sus hogares en una escuela o un aula gigante para dar clases en forma virtual con su computadora, su internet y hasta su energía eléctrica.

Si nadie tomó nota, las escuelas están cerradas, pero las viviendas particulares de los maestros no.

Es hasta risueño que el gobierno haya lanzado un plan de computadoras para que sean pagadas por los propios docentes que dictan clases con las suyas, de sus hijos, de un familiar o de un vecino, o hasta usan internet -en algunos casos- prestado.

El personal de seguridad está en la misma situación, ya que son otro baluarte en la pandemia, pero usando su propio salario para no enfermarse.

Son aspectos nunca puestos en discusión y muchas veces aceptados con el sólo propósito de llegar a la administración pública.

Hasta la Quincenita de los jubilados. Les pagarán un extra en negro para que reciben un haber magro, ya que los sueldos estatales riojanos son los más bajos del país.

Como los programas sociales, en el caso de los PEM de la Municipalidad, creados en un tiempo y desconocidos en otro, pese que quienes hoy gobiernan la provincia tienen mucha responsabilidad que estén en negro y con haberes que caminan la cornisa de la indigencia.

El gobierno dice que no hay plata y la que hay es para atender la situación sanitaria. Antes había dicho que no se podía realizar un incremento salarial sin la aprobación del presidente.

Solo en agosto recibió casi $4.000 millones de coparticipación y utiliza $1.700 millones para la grilla salarial.

Así sucesivamente fue ganando tiempo y hemos llegado a setiembre con el último anuncio de aumento de sueldos que se produjo en julio del año pasado en la Gobernación de Sergio Casas.

Ya pasaron 14 meses y con una inflación que llega al 50% para ese período.

Si hoy un sueldo promedio es de $24 mil mensuales, el Estado debería otorgar un incremento de $12 mil para que iguale la inflación.

En otras palabras, nunca el trabajador estatal estará adelante con el impuesto a los pobres, que es la inflación.

No hay que olvidarse que además se habló de la compra de la deuda de los estatales por $6.000 millones y de la creación del Programa de Inserción Laboral Riojano (PRIL) también en negro.

Hoy la canasta familiar ronda los $44 mil para no ser pobre. No hay que ser un gran especialista en números para darse cuenta de que la amplia mayoría de los estatales son pobres. Ni hablar de los precarizados que son indigentes.

Todo eso en una provincia que se ha caracterizado con haber jugado políticamente con los trabajadores estatales para ganar elecciones.

Números fríos para poner en evidencia la crítica situación social de la provincia que no es solo la falta de insumos en los hospitales sino también que hay problemas con la comida diaria.

El gobierno saldrá al cruce al sostener que atiende a un vasto sector de la sociedad con asistencia social, pero son también los condenados a vivir así ya que no se les ha dado la herramienta para salir adelante.

Bajo el silencio cómplice de los gremios, en su mayoría oficialistas, La Rioja tiene un panorama poco alentador hacia fin de año, ya que incremento salarial que se pueda dar no acomodará la grave situación social.

Los empleados públicos, adonde se incluye a todos, son la principal industria de la provincia porque así lo quiso el oficialismo desde el regreso a la democracia.

Salvo que suceda un hecho impredecible, los empleados estatales están condenados a la pobreza y los precarizados a la indigencia, aunque duelan estas palabras. Duela esta realidad que se ve estando casi todos en casa.

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