Las evidencias en el Modo Pandemia

Ayer el gobierno dispuso extender por una semana más el aislamiento obligatorio. Se trata de la cuarentena más larga del mundo por el crecimiento de casos por COVID-19.

El anuncio lo hizo el gobernador rodeado por una multitudinaria tribuna con funcionarios en la Residencia. Mucha gente para pedir #QuedateEnCasa.

La novedad se conoció cuando el trabajador municipal había sido liberado, luego de una carta dirigida a la Residencia Oficial y el pedido público de liberación por parte de Ricardo Quintela.

El Ministerio de Salud aconsejó al primer mandatario continuar con el aislamiento que en la primera semana de setiembre dejaron números preocupantes: hasta ayer la letalidad en La Rioja alcanzaba el 3,85%, mientras que en la Argentina llegaba a 2,1%.

En otras palabras, aquí se muere el doble de pacientes con coronavirus. Hasta aumentó el 62% de casos en las dos primeras semanas de este mes.

Esas estadísticas surgen del análisis de los informes diarios brindados por el sistema sanitario provincial al tiempo que se mantienen otros problemas sociales en la provincia.

Mientras tanto, se mantiene el estilo de protesta virtual de los docentes agremiados a AMP y los precarizados del Estado pretenden el pase a planta permanente. Esto último ha sido para algunos una promesa de campaña como lo fue la derogación del Decreto Cavero, día no trabajado, día no pagado.

David Duarte con su detención puso otra vez en agenda la situación precaria de cientos de empleados estatales.

Los privados no pueden tener trabajadores en negro, pero el Estado si, aquí sobran los ejemplos en cada áreas públicas.

Es un estamento dentro del ámbito público que nadie pudo solucionar y además ha estado en pleno crecimiento. Pronto los integrantes de la brigada Chalecos Rojos querrán ser empleados de planta.

El fiscal general Javier Vallejos, tomó juramento a los nuevos agentes fiscales Luis González, Dra. Nadia Schargrodsky y Dr. Daniel Zalazar. El juramento se realizó en la sala de reuniones de la sede del MPF, para dar cumplimiento a la ley que regula la estructura orgánica de esta institución.

Duarte, el más famoso de los empleados municipales, también vivió otro hecho para analizar. Fue detenido y liberado en menos de 24 horas, a través de un pedido del titular del Poder Ejecutivo a la Justicia, que debería ser un poder independiente del Estado.

Un fiscal había actuado de oficio, otro aspecto inédito en La Rioja, y solicitó la detención y fue avalada por el juez suplente Ariel Bacco, o sea un magistrado que está a tiro del enojo del poder de turno, donde se le imputó “coacción agravada”, “incitación a la violencia” e “intimidación pública.

A decir verdad, el juez suplente le imputó con los tres cargos hasta 25 años de prisión. Una pena superior a una persona que ingresa a un domicilio e intentara matar a otra.

El juez Claudio José Ana, en representación del Tribunal Superior de Justicia, tomó juramento a Cristina del Valle Romero como Jueza Transitoria del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 1, y a Ariel Sebastián Bacco como Juez Suplente de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3.

La coacción agravada está consagrado en el artículo 149 ter, inciso 2 a), del Código Penal, y establece una pena de cinco a diez años de prisión para los que “hicieren amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”, cuando “las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

La intimidación pública. Está en reprimida en el artículo 211 del Código Penal, que establece una pena de 2 a 6 años de prisión al que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

La incitación a la violencia figura en el artículo 212 del Código Penal y que dispone que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

Por los cargos, el empleado municipal no podría ser liberado, ya que las imputaciones superan los tres años de prisión. Pero las evidencias en el Modo Pandemia establecen todo lo contrario. Lo pidieron.

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