Según la Constitución, los municipios son quienes regentean el transporte de pasajeros en sus departamentos

El viceintendente de la Capital, Guillermo Galván, dijo este viernes algo cierto y en base a lo que establece la Constitución de La Rioja. El transporte público de pasajeros tiene que estar bajo la órbita de la Municipalidad, como venia sucediendo.

Galván se reunió con los choferes de la empresa San Francisco y dejó abierta la posibilidad que sigan brindando el servicio urbano de pasajeros, y hasta afirmó que si la firma estatal Rioja Bus lo quiere hacer en el departamento Capital, debe contar con la aprobación de la Municipalidad que administra Inés Brizuela y Doria.

En el 2017, el ex gobernador Sergio Casas en el marco de una pelea política con el ex jefe comunal Alberto Paredes Urquiza declaró en emergencia el servicio de transporte de pasajeros, y a través de un decreto, luego respaldado por una ley, pasó a órbita de la provincial el control del servicio.

Sin embargo, la Constitución riojana es clara que los municipios son autónomos y además que “los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la provincia o a las municipalidades”.

En este caso, el servicio brindado por la empresa San Francisco se circunscribe en el departamento Capital, por lo cual la provincia no puede intervenir. También pasa lo mismo en Chilecito, como en todos los departamentos.

En ese marco, el Municipio hasta podría llamar a licitación para la concesión del servicio o avanzar en un nuevo contrato con la empresa sanjuanina con el fin de garantizar las fuentes laborales riojanas. Luego deberá elevar la iniciativa al Concejo Deliberante para su aprobación. Esta última posibilidad podría tener el consenso social, ya que son choferes y trabajadores riojanos.

Para que quede claro: siempre que el Municipio no pase su jurisdicción puede tomar decisiones conferidas en la Constitución que están por encima de un decreto o una ley.

Según el artículo 168 de la Constitución, “los Municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. La autonomía que esta Constitución reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna”.

El artículo 66 referido a los servicios públicos dice: “Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la provincia o a las municipalidades y podrán ser concedidos a los particulares para su explotación en la forma y modo que determine la ley, priorizándose las entidades cooperativas”.

El artículo 51 se refiere al derecho de los usuarios y consumidores. Allí establece que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial; posibilitando la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, como también la de representantes de los Concejos Deliberantes en los organismos de control y solución de conflictos”.

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