Advierten que existe un superpoblación carcelaria que llega al 55% en La Rioja

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó hoy ante los integrantes de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso su informe anual sobre la situación de personas privadas de la libertad, en el que advirtió que “es indispensable realizar una modificación integral de la política criminal del Estado”.

El relevamiento presentado hoy por el presidente de la CNPT, Juan Manuel Irrazábal, incluye un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en el país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia en el período comprendido entre mayo del 2019 y el mismo mes de este año.

Según el informe, de las 23 jurisdicciones provinciales, son sólo 5 las que no registraron sobrepoblación, de acuerdo a sus propias definiciones de cupo carcelario, mientras que 8 provincias registran porcentajes superiores al total nacional (25%): San Juan (108%), La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%), Salta (42%), San Luis (35%), La Pampa (34%) y Misiones (27%).

En su exposición, Irrazábal sostuvo que el informe “refleja el gran esfuerzo que venimos haciendo, en la pandemia y antes de ella, tratando de cumplir con el rol de ser pilar fundamental del sistema de prevención de la tortura” y dijo que la CNPT “trabaja para lograr un registro único de la situación de los lugares de encierro”.

El titular de la CNPT puso de relieve que la “superpoblación” y el “hacinamiento” que evidencian las cárceles del país hacen “imposible la reinserción, la resocialización en estas circunstancias” y destacó el trabajo de ese organismo para “para lograr que todas las provincias tengan conformados los comités locales para llegar a todos los lugares de encierro y prevenir malos tratos”.

Según el relevamiento presentado ante los diputados y senadores, “la cantidad de personas privadas de la libertad está en constante crecimiento desde hace más de una década, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y hacinamiento”.

De acuerdo al informe, esa situación se tradujo, en “un fuerte incremento de la utilización de comisarías y otras dependencias policiales para la detención prolongada de personas en violación de los más elementales principios y estándares internacionales sobre la utilización de la coerción estatal”.

Asimismo, el relevamiento hizo referencia a que “las penas efectivamente impuestas a las personas condenadas no hacen más que crecer año a año, lo que asociado a las restricciones normativas y prácticas al régimen de progresividad de las penas y el continuo abuso de la prisión preventiva, redunda en definitiva en una cada vez mayor expansión del sistema penal”.

Al término de la presentación, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, felicitó a la CNPT “por las tareas que viene tomando” y afirmó que el documento será estudiado por esa cartera “para poner a consideración”, al advertir que “compartimos la mirada y estamos en el mismo camino”.

A su turno, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sostuvo que “el informe impacta, nos pone frente a una realidad, descorre una especie de velo de lo que sucede en los lugares de encierro”.

Además, el Comité refrendó en su informe las conclusiones que expuso en su Informe Anual 2019 “sobre colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres cis y trans, niños, niñas y adolescentes, y personas con padecimientos mentales” al tiempo que “lamenta que no se hayan registrado avances en el período comprendido en este informe sobre la vulneración especialmente diferenciada de sus derechos”.

El Comité que confeccionó el informe está integrado, además de Irrazábal, por Rocío Alconada Alfonsín y María Laura Leguizamón, designados a propuesta de la Cámara de Senadores, y Diana Conti y Alex Ziegler, por la Cámara de Diputados, respectivamente.

También está conformado por Alan Iud, secretario ejecutivo de la CNPT; así como por Josefina Ignacio, Diego Lavado y Gustavo Palmieri, referentes de organizaciones no gubernamentales; Alejandro Armoa y Ricardo Nioi (representantes de los Mecanismos Locales) y Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación.

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