La Corte le dio la razón a Yoma SA por una demanda de AFIP y ordenó al TSJ dictar nuevo pronunciamiento

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de queja en el marco de la causa Yoma SA y/o otras sobre el concurso preventivo por agrupamiento en relación al incidente de pago de gastos de administración posteriores a la quiebra.

Mediante un fallo del 8 de octubre, el máximo tribunal nacional envió su pronunciamiento al Tribunal Superior de Justicia para que se dicte un nuevo pronunciamiento “con arreglo a lo expuesto” (dictaminado por la Corte).

Según la Procuración General de la Nación, “el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Rioja
hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos CAFIP) y, en consecuencia, reconoció su derecho al cobro de los gastos de administración posteriores a la declaración de quiebra de Y oma S.A. en los términos del artículo 240 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras (fs. 84/91 del agregado al que me referiré en adelante, salvo aclaración en contrario)”.

“Más allá de la interpretación adoptada con relación a esa norma de derecho común, estimo arbitraria la sentencia apelada pues, en un contexto normativo que admitía distintas interpretaciones, impuso una interpretación legal sin darle una posibilidad cierta a la parte de subsanar el eventual defecto tal como, además, lo dispone la ley procesal local citada en sustento de la decisión. Especialmente, cuando los escritos presentados por la sindicatura fueron oportunamente proveídos sin ninguna observación al respecto, por lo que el a qua regresa sobre un aspecto alcanzado por el principio de preclusión en perjuicio de su derecho de defensa en juicio”, resalta la Procuración.

“En este último aspecto, no puedo dejar de señalar que la decisión apelada admitió la pretensión de la AFIP, sin oír a la sindicatura, aun cuando ella afecta el patrimonio del fallido y los intereses de la masa de acreedores, por los que debe velar ese funcionario concursal. En efecto, el principal fundamento del patrocinio letrado obligatorio es asegurar que el interesado reciba una defensa eficaz, que sea ejercitada con conocimiento de las normas y principios jurídicos. En el caso, al tener sin más por no presentados los escritos de la sindicatura por la falta de firma: de letrado, la decisión condujo al estado de indefensión que, precisamente, se pretende evitar con la exigencia de patrocinio jurídico”, destaca.

Con la firma de Adriana Marchisio, subsecretaria administrativa, la Procuración General de la Nación sostiene: “En suma, el pronunciamiento recurrido resulta descalificable en virtud de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y afecta el debido proceso y el derecho de defensa en juicio de los intereses que representa la sindicatura (art. 18, Constitución Nacional). Por lo expuesto, opino que corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia, y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo”.

Tras de ello, la Corte Suprema de Justicia dictaminó: “se hace lugar a la queja, se declara procedente
el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo expuesto”.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Fallo de la Corte

Hay que recordar que los trabajadores de la curtiembre Curtume CBR, de capitales brasileños, manifestaron su preocupación por las 800 fuentes laborales de la firma radicada en La Rioja y acusaron a los actuales dueños de “dedicarse a la especulación”.

El delegado del Secalar (Sindicato de Empleados Curtidores y Afines de La Rioja), Gustavo Zalazar, dijo que los dueños de la empresa “se dedican a la especulación más que a la producción, y están montando una escena para obtener beneficios”.

La curtiembre (que años atrás fue de la familia Yoma) se encuentra ubicada en la localidad de Nonogasta, Departamento Chilecito, a unos 250 kilómetros de la ciudad capital.

“Nos preocupa la situación de la curtiembre porque nos están empujando a una crisis como la que ocurrió en el 2005, pero no cesaremos en el reclamo. La empresa usa a la pandemia (de coronavirus) para beneficio propio”, dijo el gremialista a la prensa.

Añadió que “se dedican a la especulación, más que a la producción, y están montando una escena para obtener beneficios. CBR es la única curtiembre que está parada, y se llevan los cueros crudos de Buenos Aires a Brasil”.

“La incertidumbre hace mucho daño, es un acoso laboral permanente que nos daña psicológicamente. Estamos pidiendo que se le dé lugar al trabajo y desarrollo”, manifestó.

Zalazar alertó que “llegamos al límite, por eso denunciamos estas mañas especulativas de la empresa que ponen en riesgo, al no producir, a 800 puestos de trabajo”.

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